viernes, 3 de agosto de 2018

El escándalo Sófico

En octubre de 1973, el Ministerio de Hacienda dio orden de limitar la publicidad financiera con promesas de rentabilidad, que debería someterse a la aprobación administrativa. Sofico no volvió a prometer el 12%, aunque salvó la imagen basándose en que se cumplía la docena de años de actividad y, al año siguiente, la Agrupación Nacional de Agencias de Viajes distinguió a Sofico -junto con Iberia, Ota, Swissair y Renfe- con un diploma por la labor realizada en beneficio de “la industria turística”.


No obstante, en 1974 comienzan las dificultades para la sociedad. Sus directivos insisten, a través de los medios de información, en la salud de la empresa del "caballito del mar" -símbolo de la compañía-. Pero a partir de julio, Sofico deja de pagar la rentabilidad comprometida con sus cuentapartícipes. Peydró ordenó diversas medidas para que los compradores y rentistas no se alarmaran, y Sofico siguió vendiendo apartamentos sabiendo que no los podría entregar nunca.

El 28 de noviembre de ese año, un acreedor solicita la quiebra de la sociedad. El 30 del mismo mes Sofico Renta presenta suspensión de pagos en el juzgado. Días antes, el semanario Doblón titulaba en su primera plana «Sofico, desahuciado». Los días 5, 9 y 11 de diciembre presentaban la solicitud de suspensión de pagos Sofico Inversiones, Sofico Servicios Turísticos y Sofico Vacaciones.

Informes de la empresa presentaban un activo global de las cuatro empresas de 8.664 millones de pesetas, y un pasivo de 7.496 millones de pesetas de la época. Informes reservados señalaban que las cifras reales eran más bien, un activo de 783 millones y un pasivo de 11.893 millones.[cita requerida] El proceso Sofico comenzó inmediatamente. El abogado señor Redrol, experto en temas mercantiles, se encargó de la suspensión de pagos por cuenta de Sofico. Dada la magnitud e implicaciones del caso, fueron nombrados dos jueces especiales, uno para el ámbito penal y otro para el civil, en las personas, respectivamente, de Daniel Ferrer Martín, juez decano de Madrid, y José Ignacio Fernández, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

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