viernes, 10 de marzo de 2017

La educación en la segunda república

La Constitución de 1812 dedicó un capítulo propio a la educación; La Constitución republicana de 1931, no consagró un capítulo expresamente a ello, pero fue el texto que más extensamente se ocupó de los problemas de la educación. Proclamaba la escuela única, la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza primaria, la libertad de cátedra y la laicidad de la enseñanza. Igualmente, establece que los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial serán funcionarios y que se legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se hallen condicionados más que por la aptitud y la vocación.
 Quizás uno de los pocos aciertos de la II República fue el permitir el voto femenino y  el desarrollar la legislación para crear una escuela pública, obligatoria, laica y mixta. "Sin ninguna duda, la mejor tarjeta de presentación de la República fue su proyecto educativo", asegura el catedrático de Historia de la Educación de la Universidad de Alcalá de Henares Antonio Molero. "Efectivamente, fue la piedra angular de todas las reformas: había que implantar un Estado democrático y se necesitaba un pueblo alfabetizado. Era el Estado educador", ratifica la doctora en Historia por la Universidad de Huelva Consuelo Domínguez. Tanto ella como Molero se han especializado en la enseñanza de la II República, un ambicioso proyecto que los maestros acogieron con entusiasmo.

Lo que más caracterizó la política educativa del Gobierno Provisional fue, sin duda, su decidido planteamiento del déficit de escuelas primarias. Rodolfo Llopis (Ministro del Ministerio), se quejaba de la falta de datos en el Ministerio, del estado y calidad de las escuelas publicas existentes. De ése modo, de un informe realizado por la Inspección de Enseñanza Primaria se dedujo que, habían 32.680 escuelas y que aun eran necesarias 27.151 escuelas más. Ante ésta situación el Ministerio respondió con un plan quincenal mediante el cual se crearían las escuelas necesarias a un ritmo de 5000 escuelas por año, excepto durante el primero que se crearían 7000. Junto a la falta de escuelas, la ausencia de maestros adecuadamente formados y dignamente retribuidos. Para ello hubo que cambiar el sistema de oposición que daba el acceso a la plaza de maestro por la convocatoria de cursillos de selección del profesional. Los candidatos pasaban tres meses bajo control del Ministerio recibiendo una preparación profesional y una orientación pedagógica, dividiéndola en tres partes: clases en las escuelas normales, prácticas pedagógicas en las escuelas primarias y lecciones de orientación en las Universidades. Finalmente eran seleccionados por tribunales competentes a estos efectos. Para la Republica, la formación del maestro aparece como una de las principales atenciones, pues el maestro ya empieza a ser considerado como el “alma de la escuela”. Su formación se basa en tres aspectos importantes: cultural (se adquirirá en los institutos nacionales de segunda enseñanza), preparación profesional (se adquirirá en las escuelas normales, para cuyo ingreso será necesario el bachillerato) y la práctica pedagógica (se realizará en las escuelas nacionales). Además se realizará practicando la coeducación, es decir, se fundían las escuelas normales masculinas y femeninas en escuelas normales mixtas. Además el Gobierno provisional no desatendió otros campos de la educación. Muestra de ello es el decreto de 13 de mayo de 1931, por el cual se suprimía el Plan Calleja de bachillerato, restableciendo el Plan de estudios de 1903. Reformando, así también, la enseñanza media. Por otro lado, mediante el decreto de 21 de mayo, se estableció la necesidad del titulo de maestro para la enseñanza primaria tanto privada como pública y el de licenciado para la enseñanza media. En el ámbito universitario, se otorgaba a las Facultades de Filosofía y Letras de las Universidades de Madrid y Barcelona un régimen de preautonomía, centrado fundamentalmente en  la disminución de exámenes, opciones disciplinarias para los alumnos, régimen de tutorías, etc.… A lo anterior, también hay que sumar otra empresa que acometió el Gobierno, fundamental para consagrar la reforma educativa: una nueva ley de instrucción pública. Una ley cuya finalidad seria la de instituir en España la escuela única, y autorizaba al Consejo para que requiriera de cuantos organismos y entidades estimase preciso orientación y ayuda. Ésta labor le fue encargada a Lorenzo Luzuriaga.

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