jueves, 27 de marzo de 2014

ley de contrato de cultivos

fue una ley aprobada en abril de 1934  por el parlamento de Cataluña y que tenía como finalidad básica sustituir el antiguo contrato de rabassa morta a fin de proteger los campesinos.

La Rabassa morta (literalmente "cepa muerta") era un tipo de contrato muy extendido en Cataluña por el que un rabassaire (arrendatario) alquilaba una porción de tierra para cultivar viñas , con la condición de que el contrato quedaba disuelto si moría un tercio de las primeras cepas plantadas. La naturaleza jurídica de este contrato es discutida: mientras que unos lo consideran un alquiler, otros, la mayoría, lo consideran como un cento enficéutico
En en  siglo 18  se produjo un aumento en el valor de las tierras al mismo tiempo que la inflación se disparaba. Los propietarios de las tierras se consideraban perjudicados por las mejoras en los métodos agrícolas que prolongaban la vida de las viñas a la vez que el alquiler perdía valor y se prolongaba durante diversas generaciones.
El conflicto se resolvió a favor de los propietarios cuando la Audiencia de barcelona falló en 1756  que el contrato se disolvería por la muerte de las viñas o pasados cincuenta años de su firma, lo que fue confirmado por el  código civil de 1889 Este sistema fue origen de diversas disputas a partir de la llegada de la filoxera originaria de francia  a finales del siglo 19 y principios del  siglo 20  que originó la sustitución de las cepas por otras de origen americano cuya vida era mucho menor que las nativas europeas, destruidas por la enfermedad. Así, los contratos se terminaban en muy poco tiempo, y los propietarios, viendo que el cultivo de la vid no era provechoso, expulsaban los rabassaires para cultivar otras plantaciones. Por su parte, los rabassaires sostenían que las viñas replantadas eran la misma cepa antigua, con lo que se podía llegar a perpetuar la vida de la viña.


El Tribunal de Garantías Constitucionales, en el contexto de una España gobernada por las fuerzas de derechas, dio la razón al IACSI y anuló la ley. Sin embargo, como respuesta, el Parlamento de Cataluña volvió a aprobar el mismo texto íntegramente, desafiando la autoridad de un tribunal conformado por los políticos no catalanes.
Finalmente, para salir del callejón sin salida, el gobierno español pactó con la Generalitat catalana hacer algunas reformas al reglamento de la ley para moderarla.

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